Abogados especialistas en narcotráfico y tráfico de drogas

El artículo 368 del Código Penal sanciona a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con esas finalidades.

La ley distingue entre sustancias que causan grave daño a la salud y las demás sustancias. Esta clasificación afecta directamente al marco de prisión y a la multa aplicable.

No toda posesión de drogas constituye automáticamente tráfico. Para aplicar el artículo 368 debe existir una finalidad relacionada con el cultivo, tráfico, promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal. La tenencia destinada exclusivamente al autoconsumo no integra por sí sola este delito, aunque determinadas conductas de consumo o tenencia en espacios públicos pueden tener consecuencias administrativas.

Las penas dependen, entre otros factores, de:

Por ello, la valoración de un procedimiento debe realizarse a partir de las pruebas específicas del expediente y no únicamente de la cantidad bruta intervenida.

Cuando los hechos son cometidos por miembros de una organización delictiva, puede resultar aplicable el artículo 369 bis del Código Penal, que establece un régimen sancionador específico y más grave.

Debe distinguirse, no obstante, entre una actuación conjunta puntual y la pertenencia jurídicamente acreditada a una organización. La existencia de varios investigados no permite por sí sola presumir una estructura criminal organizada.

La ausencia de antecedentes penales puede ser relevante para la individualización de la pena y para determinadas decisiones procesales, pero no determina automáticamente una rebaja ni modifica por sí sola la calificación del delito.

El artículo 368 establece para las sustancias que causan grave daño a la salud una pena básica de tres a seis años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

Para las demás sustancias, la pena básica es de uno a tres años de prisión y multa del tanto al duplo del valor de la droga.

El propio artículo 368 permite, en determinados supuestos de escasa entidad del hecho y atendiendo a las circunstancias personales del culpable, imponer la pena inferior en grado. Esta posibilidad no resulta aplicable cuando concurren determinadas circunstancias previstas en los artículos 369 bis y 370.

El artículo 369 contempla agravaciones cuando existen circunstancias como cantidad de notoria importancia, suministro a menores, realización de los hechos en determinados lugares, actuación vinculada a ciertas actividades organizadas o utilización de violencia o armas.

Cuando los hechos son cometidos por integrantes de una organización delictiva, el artículo 369 bis establece penas de nueve a doce años para sustancias que causen grave daño a la salud y de cuatro años y seis meses a diez años para las demás sustancias, además de las multas previstas legalmente. Para jefes, encargados o administradores pueden aplicarse penas superiores.

Los supuestos de extrema gravedad regulados por el artículo 370 permiten elevar todavía más la pena, por ejemplo cuando existe una cantidad extraordinariamente elevada, se utilizan determinados medios de transporte, se simulan operaciones comerciales internacionales o intervienen redes internacionales.

El artículo 374 regula además el decomiso de drogas, instrumentos, medios y ganancias vinculados al delito.

En cualquier jurisdicción, la defensa debe comprobar especialmente:

Las primeras actuaciones pueden condicionar significativamente el desarrollo posterior del procedimiento.

Un abogado especializado en tráfico de drogas puede intervenir desde las primeras actuaciones policiales hasta la fase de juicio y los recursos posteriores.

En la fase inicial, la defensa analiza la legalidad de la detención, asesora antes de cualquier declaración y revisa las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad.

Durante la instrucción pueden examinarse registros, intervenciones telefónicas, análisis periciales, información financiera, dispositivos electrónicos y declaraciones de otros investigados.

La cadena de custodia constituye otro aspecto relevante. Debe poder acreditarse adecuadamente la conservación e identificación de las sustancias y demás efectos intervenidos desde su incautación hasta su análisis y utilización como prueba.

También debe analizarse de forma individual la participación atribuida a cada persona. La mera relación con otros investigados no permite asumir automáticamente que todos hayan participado de la misma forma en las conductas investigadas.

La estrategia puede incluir la impugnación de pruebas obtenidas ilícitamente, discusión de la calificación jurídica, solicitud de diligencias de defensa, análisis de circunstancias atenuantes y oposición a medidas cautelares cuando proceda.

Nuestro equipo presta asistencia en procedimientos relacionados con tráfico de drogas tanto en España como en asuntos que presentan elementos internacionales.

La estrategia se desarrolla a partir de la documentación y de las pruebas disponibles en cada expediente. El objetivo es identificar los puntos jurídicos y probatorios que pueden ser discutidos y determinar las medidas procesales adecuadas.

La asistencia puede incluir:

En procedimientos con dimensión internacional también analizamos posibles Notificaciones Rojas de INTERPOL, órdenes de detención, extradición y cooperación entre autoridades de distintos Estados.

Si usted o un familiar se enfrenta a una investigación o acusación relacionada con tráfico de drogas, es recomendable analizar el expediente desde las primeras actuaciones.

Una consulta inicial permite determinar la situación procesal, identificar las principales pruebas, evaluar posibles riesgos y establecer una estrategia de actuación.

La defensa debe adaptarse a los hechos concretos, al órgano judicial competente y a las circunstancias personales del investigado.

Nuestro equipo puede prestar asistencia en procedimientos nacionales y en casos con elementos transfronterizos relacionados con INTERPOL, extradición u órdenes internacionales.

La pena en un procedimiento por tráfico de drogas depende de varios elementos jurídicos y probatorios que deben analizarse de forma separada.

El análisis debe realizarse sobre la sustancia efectivamente intervenida y sobre las pruebas que permitan determinar su naturaleza, cantidad y destino.

La instrucción corresponde normalmente al juzgado competente por el lugar de los hechos. El órgano encargado del enjuiciamiento dependerá, entre otros factores, de la pena aplicable y de las características del procedimiento.

En determinados asuntos de criminalidad organizada con actividad en varias provincias o con dimensión internacional, la competencia puede corresponder a órganos centrales cuando concurran los requisitos previstos legalmente.

Determinar correctamente la competencia judicial es importante porque condiciona la tramitación, las diligencias disponibles, las medidas cautelares y las vías de recurso.

Entre los aspectos que pueden requerir revisión se encuentran:

No existe una estrategia universal. La defensa depende de la prueba incorporada al procedimiento y de cómo se haya obtenido.

Quien busca un bufete para un delito contra la salud pública suele hacerlo con el reloj en contra: la persona está detenida y el plazo corre. La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe quedar en libertad o ser puesto a disposición de la autoridad judicial (artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Lo que se haga en ese tramo condiciona el resto del procedimiento, y por eso conviene saber qué distingue a un despacho realmente especializado de uno que asume el asunto como un encargo penal más.

Lo primero es la disponibilidad inmediata. La asistencia en dependencias policiales no se delega: de esa primera declaración, y de lo que se deja de declarar, depende buena parte de la defensa posterior. Un despacho que no puede acudir el mismo día pierde el tramo más sensible del caso.

Lo segundo es la capacidad técnica para discutir la prueba, que en esta materia casi siempre se obtiene mediante injerencia en derechos fundamentales. Los abogados especialistas en tráfico de drogas revisan la habilitación judicial de las intervenciones telefónicas y su motivación, la regularidad de las entradas y registros, la cadena de custodia de la sustancia intervenida y la corrección de los análisis periciales sobre su pureza y peso neto. Un defecto en cualquiera de esos eslabones puede dejar sin valor la prueba de cargo.

Lo tercero es la experiencia con el órgano que va a enjuiciar, que no siempre es el mismo. La regla la fija el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: cuando la pena señalada al delito no supera los cinco años de prisión, el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia; por encima de ese umbral, a la Audiencia Provincial.

La Audiencia Nacional solo entra en juego cuando concurren a la vez los dos requisitos del artículo 65.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial: que los hechos hayan sido cometidos por bandas o grupos organizados y que produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. El carácter organizado, por sí solo, no desplaza la competencia. Cada escenario cambia la duración de la instrucción, el volumen documental y la severidad de las medidas cautelares.

Y lo cuarto, que es donde muchos despachos penalistas se detienen: la dimensión internacional. Una causa por narcotráfico rara vez se agota en una sola jurisdicción. Puede haber una petición de entrega desde otro país, una alerta que impide viajar o una investigación paralela abierta en el extranjero, y esos frentes se defienden con herramientas distintas a las del procedimiento penal interno. Si su asunto tiene ese componente, conviene que el mismo equipo lleve ambos planos en paralelo; el apartado siguiente explica cómo se articula.

Las investigaciones por narcotráfico pueden afectar simultáneamente a varios países. En estos casos, además del procedimiento penal español, pueden existir órdenes internacionales, solicitudes de cooperación, procedimientos de entrega o medidas relacionadas con INTERPOL.

Una Notificación Roja de INTERPOL puede utilizarse para solicitar la localización de una persona y su posible detención provisional conforme al derecho del país donde se encuentre.

La extradición constituye un procedimiento diferente mediante el cual un Estado solicita formalmente la entrega de una persona a otro Estado.

Cuando la solicitud procede de otro Estado miembro de la Unión Europea puede resultar aplicable la orden europea de detención y entrega.

También pueden surgir investigaciones paralelas por lavado de dinero cuando las autoridades atribuyen determinadas operaciones financieras a los beneficios procedentes del tráfico.

La coordinación entre la defensa penal nacional y las actuaciones internacionales es fundamental para evitar decisiones contradictorias y evaluar correctamente los riesgos procesales.