Mamdani pide arrestar a Netanyahu: qué significa el llamado del alcalde de Nueva York y qué puede hacer realmente Estados Unidos

El 10 de marzo de 2026, el alcalde de Nueva York Yusef Mamdani declaró públicamente que el gobierno federal estadounidense debería ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu si el primer ministro israelí ingresara al territorio de Estados Unidos. La declaración generó debate inmediato sobre las obligaciones legales internacionales de un país que no es parte del Estatuto de Roma y sobre los límites reales de la autoridad de un gobierno municipal frente a la jurisdicción penal internacional.

Mamdani no tiene facultad legal para ejecutar nada. La orden de arresto de la CPI no vincula a Estados Unidos, que rechazó ratificar el Estatuto de Roma en 2002. La declaración del alcalde fue una postura política — dirigida al gobierno federal — pero sin consecuencias ejecutivas. Toda decisión sobre cooperación penal internacional recae exclusivamente en las autoridades federales: el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, ningún gobierno local.

Orden de arresto de la CPI es una resolución emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional que solicita a los Estados parte la detención y entrega de una persona acusada de crímenes de competencia de la Corte — genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión (Artículo 58 del Estatuto de Roma).

Aspectos clave del llamado de Mamdani

Contexto político local. Elegido alcalde de Nueva York en noviembre de 2025 con una plataforma crítica hacia la política exterior estadounidense en Oriente Medio, Mamdani hizo su declaración del 10 de marzo de 2026 durante una rueda de prensa convocada después de que Netanyahu anunciara su asistencia a una cumbre económica en Washington DC programada para abril de 2026.

Lo que Mamdani realmente dijo. Afirmó que el gobierno federal puede ejecutar la orden de la CPI y que debería hacerlo. Calificó a Netanyahu de criminal de guerra y sostuvo que la no ratificación del Estatuto de Roma no impide que Estados Unidos colabore voluntariamente con la Corte. Una posición que ignora completamente cómo funcionan las jerarquías de poder en el sistema federal estadounidense.

La realidad de las competencias. La administración de Nueva York no gestiona política exterior, inmigración, cooperación judicial internacional ni detención de funcionarios extranjeros. Esas decisiones pertenecen al gobierno federal — y específicamente al Departamento de Estado, Departamento de Justicia e ICE.

¿Qué es la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu y cuándo fue emitida?

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Esto sucedió después de que la Sala rechazara unánimemente las impugnaciones de Israel. La determinación: motivos razonables para creer que ambos son responsables del crimen de guerra de inanición como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos bajo derecho penal internacional.

Período de los hechos. La Sala consideró conductas desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024 — todo dentro de la Situación en el Estado de Palestina, uno de los casos activos de la Fiscalía de la CPI.

Por qué Israel impugnó. Israel invocó su jurisdicción nacional y cuestionó la competencia de la Corte conforme a los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma. La Sala los desestimó a ambos antes de proceder.

Estado actual del caso. Una orden de arresto es una medida cautelar, no una sentencia. Netanyahu sigue en funciones como primer ministro de Israel. No ha sido detenido. La orden permite solicitar su detención provisional; nada más.

¿Puede Estados Unidos ejecutar una orden de arresto de la CPI?

Lo que esto significa en la práctica. El gobierno federal podría detener a Netanyahu si decidiera hacerlo — invocando otras bases legales domésticas, no la orden de la CPI. Pero no está obligado. La decisión sería puramente política, no jurídica.

¿Qué rol juega INTERPOL en las órdenes de la CPI?

No existe Notificación Roja de INTERPOL contra Netanyahu vinculada a la orden de la CPI. Esa distinción es crucial. La CPI puede solicitar que INTERPOL emita una Aviso Rojo para difundir una solicitud de detención internacionalmente. Pero INTERPOL no obedece órdenes — opera bajo su propio marco y puede rechazar solicitudes.

El artículo 3 de la Constitución de INTERPOL lo aclara. Prohíbe «cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial». La Comisión para el Control de los Archivos (CCF) ha rechazado avisos para líderes políticos en ejercicio cuando detecta motivación política predominante.

Ejemplo histórico. INTERPOL nunca publicó avisos automáticos para las órdenes de la CPI contra Vladimir Putin (emitida en marzo de 2023) ni contra Omar al-Bashir durante su presidencia en Sudán. Cada solicitud se evalúa caso por caso.

Diferencia entre una orden de la CPI y una orden de extradición convencional

La CPI opera mediante un sistema de «entrega» (surrender), no extradición clásica. No es lo mismo.

Extradición tradicional:

• Requiere tratado bilateral o multilateral entre Estados
• Se aplica a delitos de derecho interno del solicitante y el requerido
• Permite denegación por doble incriminación, delitos políticos, prescripción, nacionalidad
• Tramitación lenta a través de procedimientos judiciales nacionales con plazos variables

Entrega a la CPI:

• Solo opera entre Estados parte y la Corte
• Se aplica a los cinco crímenes internacionales del Estatuto
• Causales de denegación muy limitadas (artículos 89 en adelante)
• Procedimiento más directo, sin revisión de doble incriminación

Si Netanyahu entrara a un país parte. Digamos Reino Unido, Alemania, Francia o España. Ese Estado tendría obligación legal bajo el artículo 86 del Estatuto de ejecutar la orden de arresto. Pero en la práctica — con funcionarios en ejercicio de aliados estratégicos — muchos Estados adoptan una «cautela diplomática indefinida»: no rechazad la orden formalmente, simplemente nunca la ejecutan.

¿Netanyahu puede ser detenido en un aeropuerto si viaja a Estados Unidos?

Respuesta corta: no, no por la orden de la CPI.

Si aterriza en un aeropuerto estadounidense, CBP (Customs and Border Protection) no tiene instrucción ni obligación de ejecutar la orden. Estados Unidos no participa en el sistema de cooperación de la Corte. Netanyahu ha ingresado múltiples veces al país — su última visita oficial fue en julio de 2024 — sin impedimento.

Tres escenarios posibles:

1. Entrada sin incidentes. Ingresa con visado diplomático o bajo exención de visado para jefes de Estado en visita oficial, tal como ha sucedido antes.

2. Arresto bajo derecho interno estadounidense. Técnicamente, un gran jurado federal podría emitir una acusación independiente y ordenar su detención por otros motivos. Pero no existe ninguna acusación de ese tipo al 15 de marzo de 2026.

3. Presión política sin efecto legal. Manifestaciones, protestas, declaraciones de alcaldes — todo cambia el clima político, nada cambia el marco jurídico.

Para comprender los riesgos de detención en el aeropuerto, debe distinguir entre órdenes con base en tratados de extradición vigentes (que sí tienen efecto) y aquellas que dependen de cooperación discrecional (que no).

¿Qué pasaría si Netanyahu viajara a un país parte de la CPI?

La obligación legal es clara. El artículo 86 del Estatuto establece que los Estados parte cooperarán plenamente con la Corte. El artículo 89 dice que cuando la Corte solicita arresto y entrega, el Estado requerido procederá sin demora. Sin demora. Pero el mundo real es más complicado.

Lo que sucedió con Omar al-Bashir. Orden de arresto emitida en 2009. Visitó múltiples Estados parte (Chad, Kenia, Yibuti, Sudáfrica) sin ser detenido. En 2015, cuando visitó Sudáfrica, ese país enfrentó críticas formales de la CPI por incumplir su obligación. ¿Consecuencias coercitivas? Ninguna.

Riesgo práctico para Netanyahu: Es altamente improbable que viaje a Estados parte de la CPI mientras la orden esté vigente. Israel mantiene relaciones diplomáticas estrechas con numerosos Estados europeos, pero ninguno ha garantizado formalmente que ignorará la orden de arresto. En la práctica, esto significa que sus opciones de viaje internacional se reducen significativamente.

¿Puede impugnarse o anularse una orden de arresto de la CPI?

Sí. El Estatuto de Roma prevé varios mecanismos de revisión y anulación.

Revisión por la propia Sala (artículo 60): La Sala de Cuestiones Preliminares puede revisar su decisión de mantener la detención o la orden de arresto en cualquier momento, de oficio o a solicitud del acusado o del Estado pertinente. Un cambio en las circunstancias factuales o políticas puede justificar esta revisión.

Impugnación ante la Sala de Apelaciones (artículo 82): Ciertas decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares son apelables. Israel impugnó la competencia de la Corte antes de la emisión de las órdenes; esas impugnaciones fueron rechazadas, pero pueden presentarse nuevas apelaciones sobre otros aspectos de las decisiones.

Principio de complementariedad (artículo 17): Aquí está el punto crítico: Israel podría alegar que está realizando o ha realizado una investigación genuina de los mismos hechos, lo que haría inadmisible el caso ante la CPI. La Sala evaluaría si la investigación nacional es auténtica y no busca simplemente sustraer a la persona de la responsabilidad penal. Si el tribunal nacional demuestra que investigó con seriedad, la CPI podría abstenerse.

Plazos: No existe plazo fijo para la revisión. Los procedimientos ante la CPI pueden extenderse varios años. Las órdenes permanecen vigentes hasta que la Sala las levante o hasta que la persona sea absuelta o condenada tras un juicio completo.

Precedentes de órdenes de arresto contra jefes de Estado en ejercicio

La lección es clara: Las órdenes contra líderes en ejercicio rara vez se ejecutan durante el mandato. Muy rara vez. La CPI carece de policía propia, de mecanismos coercitivos para obligar a los Estados parte a cumplir. Su efectividad depende completamente de cambios políticos en el país de origen (como ocurrió con al-Bashir tras su destitución) o de que el acusado viaje voluntariamente a jurisdicciones dispuestas a cooperar.

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