Especialistas en Eliminación de Alertas en el Sistema de Información de Schengen (SIS II)

El SIS II constituye la base de datos de seguridad fronteriza de mayor uso en el espacio europeo. Operado bajo el Reglamento (UE) 2018/1862, centraliza alertas emitidas por los Estados miembros sobre personas y objetos buscados, prohibidos o sujetos a control discreto. A diferencia de los registros nacionales, una sola alerta en SIS II bloquea el acceso a la totalidad del territorio Schengen.

Desde la implantación progresiva del Sistema de Entradas y Salidas (EES) y la operatividad plena de ETIAS a lo largo de 2025 y 2026, los controles fronterizos automatizados cruzan los datos biométricos del viajero con el SIS II en tiempo real. El resultado directo: registros que durante años permanecieron sin activarse —por no existir comprobación electrónica sistemática— son detectados en el primer intento de entrada o en la fase previa de solicitud de autorización de viaje. Ciudadanos de México, Colombia y Argentina que viajan sin visado han experimentado la denegación automática del ETIAS sin recibir explicación específica sobre la alerta subyacente.

El Artículo 24 del Reglamento (UE) 2018/1862 regula las alertas de denegación de entrada y estancia. Estas alertas son introducidas por un Estado miembro cuando considera que la presencia de una persona en el territorio Schengen constituye una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o la salud pública. Su vigencia máxima es de cinco años, prorrogable.

El Artículo 26 regula las alertas a efectos de detención para extradición. Operan de manera distinta: están vinculadas a la existencia de una orden de arresto nacional con vocación internacional. A diferencia de la alerta roja de Interpol, una alerta Art. 26 en SIS II puede existir de forma autónoma, sin que haya notificación paralela a través de Interpol. Esto genera situaciones en las que la supresión de una alerta roja no resuelve el problema de circulación en Europa.

El sistema ETIAS, gestionado por eu-LISA, efectúa verificaciones automáticas contra SIS II, la base de datos de Interpol (SLTD y nominales), Europol y otras bases nacionales. Una coincidencia en cualquiera de estos sistemas genera una alerta en el expediente ETIAS que puede derivar en denegación sin entrevista consular previa.

Para ciudadanos latinoamericanos sujetos a régimen de exención de visado, este mecanismo ha suprimido la posibilidad de regularizar su situación directamente en frontera. La verificación de mecanismos Europol revela si el perfil aparece en sistemas europeos interconectados, paso previo indispensable antes de presentar cualquier solicitud de cancelación.

Las causas de introducción de datos en el SIS II son heterogéneas. Entre las más frecuentes en casos gestionados por despachos especializados figuran: deportaciones ejecutadas en cualquier Estado Schengen, incluso si se produjeron hace más de una década; condenas penales en firme que motivaron una declaración de persona non grata; procesos penales activos por los que se ha librado una orden de arresto europea o un requerimiento de detención provisional; y, con menor frecuencia, sospechas de vinculación a estructuras de crimen organizado o terrorismo.

La variedad de supuestos hace que el abordaje jurídico deba ser diferenciado. No toda alerta tiene el mismo régimen de impugnación ni el mismo organismo competente para cancelarla.

Los «falsos positivos» constituyen una categoría de especial incidencia. Se producen cuando los datos personales de un individuo coinciden total o parcialmente con los de otra persona registrada, o cuando el Estado que introdujo la alerta no procedió a su supresión tras el cumplimiento de los requisitos legales que motivaban la restricción.

El Reglamento (UE) 2018/1862 impone a cada Estado la obligación de revisar periódicamente sus alertas activas y eliminar aquellas cuya justificación haya decaído. En la práctica, esta revisión es irregular. Registros asociados a procesos penales archivados o a prohibiciones de entrada ya vencidas permanecen activos por omisión administrativa, bloqueando la libre circulación de personas que han regularizado plenamente su situación jurídica.

Cuando una alerta Art. 26 está activa, cualquier cuerpo policial de un Estado Schengen tiene la obligación de proceder a la detención de la persona identificada y comunicarlo al Estado emisor. Europol actúa como nodo de coordinación en estos procedimientos, pero no emite alertas propias en el SIS II: su función es operativa y analítica. La distinción entre el rol de Europol e Interpol en este contexto es relevante para determinar la estrategia de defensa; para una comprensión detallada, conviene consultar el análisis sobre las diferencias entre Europol e Interpol.

El Capítulo VI del Reglamento (UE) 2018/1862 reconoce el derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos personales introducidos en el SIS II. El ejercicio de estos derechos no sigue un procedimiento único: cada Estado miembro designa una Autoridad Nacional de Control responsable de tramitar las solicitudes dirigidas a los datos que dicho Estado ha introducido.

En España, la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En Francia, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). En Italia, el Garante per la Protezione dei Dati Personali. La solicitud debe formularse ante la autoridad del Estado que introdujo la alerta, no ante la autoridad del Estado donde se produjo la denegación de entrada.

Antes de la derecho de acceso sis ii formal, resulta indispensable identificar el Estado emisor de la alerta. Esta información no siempre es comunicada directamente al afectado en el momento de la denegación fronteriza. El procedimiento implica: presentar una solicitud de acceso ante la autoridad nacional de control del país donde se produjo el rechazo, solicitar la mediación del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) si el Estado emisor no coopera, y adjuntar documentación acreditativa de identidad con apostilla o legalización notarial según el país destinatario.

Los plazos de respuesta varían: entre 30 y 90 días en función del Estado, con posibilidad de prórroga justificada. La falta de respuesta en plazo habilita la vía de recurso.

Si la solicitud administrativa de cancelar alerta art 24 sis es rechazada o no recibe respuesta en el plazo legalmente establecido, el afectado dispone de acción ante los tribunales nacionales del Estado emisor. En España, la impugnación se ventila ante la jurisdicción contencioso-administrativa; en Francia, ante el Tribunal Administratif competente por razón del territorio.

El estándar de prueba exigido varía según la causa que motivó la alerta. Las alertas por denegación de entrada por razones de orden público requieren demostrar que las circunstancias que fundamentaron la decisión han desaparecido o que la valoración original fue errónea o desproporcionada.

En 2026, las fronteras europeas aplican con mayor rigor las alertas SIS II, generando nuevos obstáculos para viajeros latinoamericanos en España, Francia e Italia.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentra el mayor volumen de denegación entrada españa sis dirigidas a ciudadanos latinoamericanos. La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ejecuta los rechazos en frontera sobre la base de la alerta SIS II, sin margen de discreción cuando la alerta Art. 24 está activa.

La impugnación de estas denegaciones en España sigue la vía del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, competente en materia de extranjería cuando el acto emana de órganos centrales del Estado. Los plazos son estrictos: el recurso debe interponerse en los dos meses siguientes a la notificación de la denegación. Actuar después de esa fecha obliga a explorar vías alternativas de mayor complejidad procesal.

Las alertas introducidas por Francia e Italia bajo la categoría de amenaza al orden público o a la seguridad nacional presentan el mayor índice de resistencia en procedimientos de cancelación. Ambos Estados aplican una interpretación amplia del concepto de «menace pour l’ordre public» —en el caso francés— y «pericolosità sociale» —en el italiano—, lo que permite mantener activas alertas incluso en ausencia de condena penal firme.

En estos supuestos, la impugnación requiere acreditar no solo la inexistencia de antecedentes actuales, sino también la ausencia de vínculos con estructuras o conductas que motivaron originariamente la calificación. La representación por abogados internacionales expertos con conocimiento directo del sistema procesal de cada Estado es determinante para el resultado.

La supresión de una alerta en SIS II exige coordinación entre jurisdicciones nacionales distintas, conocimiento de los reglamentos europeos de protección de datos y experiencia procesal ante autoridades tanto administrativas como judiciales. Collegium of International Lawyers dispone de equipos activos en España, Francia y Chipre, con capacidad de actuación simultánea ante múltiples autoridades cuando la alerta presenta conexiones transfronterizas.

Un error frecuente consiste en abordar únicamente la supresión de la alerta roja de Interpol sin atender al registro paralelo en SIS II. Ambos sistemas son independientes: la eliminación de uno no implica la del otro. La estrategia de defensa completa contempla la limpiar récord policial schengen en ambos sistemas de forma coordinada, evitando que una actuación parcial genere bloqueos residuales no previstos. Para quienes se preguntan si es posible viajar con una orden de arresto activa, la respuesta exige análisis individualizado de cada registro.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) actúa como instancia de supervisión cuando los mecanismos nacionales resultan insuficientes o cuando la alerta ha sido introducida por un organismo de la UE. La representación ante el EDPS requiere haber agotado las vías nacionales o acreditar la inoperatividad de las mismas.

Entre los casos gestionados por el equipo figuran: cancelación de alertas Art. 24 por vencimiento no registrado del período de prohibición, rectificación de datos por error de identidad en registros introducidos por autoridades italianas y francesas, y supresión coordinada de alertas SIS II tras la eliminación previa de difusiones internacionales de Interpol. La posibilidad de ser detenido en el aeropuerto por una alerta activa convierte la verificación previa al viaje en una medida de precaución elemental, no opcional.

La consultar base datos schengen antes de adquirir billetes con destino a Europa evita denegaciones en frontera, detenciones en tránsito y gastos derivados de procedimientos de retorno. El despacho ofrece análisis preliminar de la situación registral, identificación del Estado emisor y evaluación de las vías de impugnación disponibles en función del tipo de alerta activa.

Toda consulta está sujeta a estricto deber de confidencialidad. La información aportada por el cliente se gestiona exclusivamente en el marco del secreto profesional aplicable a la relación abogado-cliente en cada una de las jurisdicciones en las que opera el despacho.

Collegium of International Lawyers no garantiza resultados específicos. Cada caso presenta circunstancias individuales que determinan las posibilidades reales de éxito en el procedimiento.