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Hechos
Un empresario de nacionalidad bielorrusa fue incluido en la lista de búsqueda internacional de INTERPOL a petición de las autoridades de Bielorrusia. Se le imputó haber ofrecido sobornos a altos cargos de una empresa estatal en Minsk entre los años 2013 y 2015. Según la versión oficial, el empresario habría llegado a un acuerdo con el director de dicha planta estatal para firmar contratos de arrendamiento de maquinaria que, supuestamente, no eran ventajosos para la entidad. Como parte del presunto soborno, se habría transferido a través de un tercero un inmueble de uso comercial y administrativo valorado en 120.000 rublos bielorrusos.
El afectado sostuvo que la causa penal en su contra era de carácter político, iniciada como represalia tras su implicación en un grupo promotor de la candidatura de un opositor en las elecciones presidenciales. Desde 2017, el empresario residía legalmente en España, donde obtuvo un permiso de residencia y más tarde solicitó protección internacional. En 2023, fue arrestado por la policía española debido a una alerta de INTERPOL, aunque fue liberado poco tiempo después bajo medidas cautelares.
Argumentos de la defensa
El equipo legal del empresario presentó pruebas documentales que demostraban que todos los contratos fueron firmados mediante procedimientos públicos y regulados de contratación estatal, y que las decisiones fueron tomadas por una comisión técnica colegiada, no por una única persona. Además, un análisis pericial realizado por el Comité Estatal de Pericias Judiciales de Bielorrusia concluyó que no hubo ningún perjuicio económico para la empresa estatal. En cuanto al inmueble mencionado en la acusación, se demostró que fue construido posteriormente y que pertenecía a un tercero, con el que el cliente mantenía un contrato de compraventa legítimo.
Los abogados también recalcaron el trasfondo político del proceso penal, que se inició justo después de la participación del empresario en actividades opositoras. Esto, según la defensa, evidenciaba que el procedimiento era un castigo por sus opiniones políticas. También se presentó evidencia de que otros activistas opositores habían sido perseguidos mediante mecanismos similares.
Respuesta de las autoridades bielorrusas
La Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Bielorrusia defendió la legitimidad de la acusación y afirmó que el sistema judicial del país actúa conforme a las normas internacionales, insistiendo en la independencia del poder judicial. Además, consideraron que la solicitud presentada por el empresario ante la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) de INTERPOL respondía a una intención manipuladora, señalando que un ciudadano que cumple con la ley no debería poner en duda los datos registrados en la base de INTERPOL. También pusieron en entredicho la objetividad del tribunal español, alegando que su fallo representaba una decisión aislada y no reflejaba una evaluación imparcial del caso.
Fallo judicial y decisión de la Comisión
En septiembre de 2023, la Audiencia Nacional de España resolvió rechazar la solicitud de extradición, argumentando que existía un elevado riesgo de vulneración de los derechos fundamentales del empresario en caso de retorno a Bielorrusia. El tribunal subrayó la carencia de garantías procesales, la clara motivación política de los cargos presentados y el riesgo de tratos inhumanos o degradantes. También destacó que la orden de detención había sido emitida por una entidad administrativa y no por un juez independiente.
La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL tuvo en cuenta el dictamen del tribunal español y coincidió en que el caso estaba profundamente influenciado por cuestiones políticas. Prestó atención especial a las declaraciones de las autoridades bielorrusas, que descalificaban el derecho del solicitante a acudir a la CCF. Según la Comisión, esto reflejaba una falta de reconocimiento hacia los mecanismos internacionales de control y supervisión.
Resultado final
La Comisión concluyó que la inclusión del empresario en la base de datos de INTERPOL contravenía los principios del artículo 2 del Estatuto de la organización, al vulnerar sus derechos fundamentales. Por lo tanto, decidió eliminar la información relativa a su búsqueda y bloqueó su visibilidad para todos los países miembros de INTERPOL.
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